Fundamentos jurídicos y jurisprudenciales sobre la competencia material penal en la jurisdicción especial de las comunidades nativas

Abstract

La investigación tuvo como objetivo general analizar los fundamentos jurídicos y jurisprudenciales sobre la competencia material penal en la jurisdicción especial de las comunidades nativas. En relación a la metodología, se basa de una investigación con un estudio básico no experimental, de naturaleza jurídica propositiva: concierne al congreso la reforma del artículo 149° de la Constitución y promulgación de la Ley de Coordinación de la Jurisdicción Especial. En nuestra investigación, se utilizó el método analítico normativo, doctrinal y comparativo, empleando métodos jurídicos de derecho (la hermenéutica y la argumentación jurídica). Asimismo, se aplicaron las técnicas de análisis documental y de interpretación normativa para el estudio y comprensión de los dispositivos jurídicos identificados durante la investigación. En cuanto a los fundamentos jurídicos, en relación a la competencia material penal no está debidamente analizada dado a que no existe un nivel de precisión si esta es de carácter ilimitada, restringida o compartida. En la jurisprudencia moderna, a efectos de materias resueltas por el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial ha mencionado que las CN no tiene competencia en aquellos delitos que puedan lesionarse bienes jurídicos tutelados por el derecho penal, donde se afecte derechos fundamentales y se involucren a personas de situación especial o vulnerable; sin embargo, el Tribunal no se atrevió a distribuir la competencia dado que no es su función sino más bien le corresponde al Poder Legislativo. A efectos de ello, se ha estudiado y planteado la aplicación del modelo de separación de competencias amparado por el estado boliviano, en la cual, las comunidades nativas no cuentan con competencia penal en los delitos violación sexual, homicidio, trata de personas, tráfico ilícito de drogas y terrorismo, por la naturaleza jurídica del tipo penal, por la complejidad probatoria, por la condición de las víctimas y por la afectación de derechos fundamentales.