Realidad no regulada, el retiro de la acusación en la etapa intermedia del proceso en la fiscalía penal de Chachapoyas, 2020-2023

Abstract

La presente investigación aborda la problemática jurídica relacionada con el retiro de la acusación fiscal en la etapa intermedia del proceso penal en el sistema judicial peruano. A pesar de que esta práctica es llevada a cabo por los fiscales, no está expresamente regulada en el Código Procesal Penal, lo que ha generado un vacío normativo que afecta la seguridad jurídica de las partes involucradas, en particular, los derechos del imputado y de la víctima. El objetivo principal de este estudio fue analizar los criterios técnicos y jurídicos necesarios para el retiro de la acusación, así como evaluar su viabilidad en la etapa intermedia del proceso penal, en comparación con lo establecido en la fase de juicio oral. A través de un diseño de investigación no experimental, cualitativa y descriptiva, se recopiló información mediante entrevistas a fiscales y abogados especializados en materia penal, con el fin de conocer las perspectivas profesionales sobre el retiro de la acusación. Los resultados revelaron que, aunque el retiro de la acusación es reconocido en la práctica como un mecanismo necesario para evitar juicios insostenibles, su aplicación sin una regulación clara genera incertidumbre jurídica y riesgos de arbitrariedad. Se identificaron diversos criterios, como la insuficiencia probatoria, la atipicidad de los hechos y la existencia de causales de sobreseimiento, que justificarían el retiro de la acusación en la etapa intermedia. Se concluye que la regulación expresa del retiro de la acusación en la etapa intermedia sería fundamental para evitar abusos y garantizar la coherencia del sistema penal. Además, se sugieren condiciones estrictas para su implementación, que incluyan una motivación clara por parte del fiscal, un control judicial riguroso y la participación activa de la víctima en el proceso. Esta normativización contribuiría a mejorar la transparencia y la objetividad del sistema penal, fortaleciendo la seguridad jurídica y protegiendo los derechos de todas las partes involucradas en el proceso penal.